Pena de muerteBlasfemia

Un tribunal de apelación saudí condena a muerte a un trabajador tamil de Sri Lanka por un comentario en Facebook

Sivarasa Anojan, trabajador migrante tamil originario de Sri Lanka, se enfrenta ahora a la pena de muerte después de que un tribunal de apelación saudí sustituyera la condena de cinco años de prisión que se le había impuesto por blasfemia a raíz de un comentario en Facebook. Un diputado esrilanqués cuestiona la gestión del recurso por parte del Gobierno.

Sivarasa Anojan, trabajador migrante tamil de Natpiddimunai, en Kalmunai, en el distrito esrilanqués de Ampara, ha sido condenado a muerte por blasfemia por un tribunal de apelación de Arabia Saudí. En primera instancia, el Tribunal Penal de Al-Ahsa le había impuesto cinco años de prisión y una multa de tres millones de riales saudíes. Según su familia, la condena más dura se dictó el jueves 17, cuando se resolvió el recurso.

De un perro peregrino a una acusación penal

El caso tendría su origen en el Pada Yatra de este año, la peregrinación hindú a Kataragama que se celebra cada año. Los devotos bautizaron con el nombre de Subramaniam a un perro callejero que siguió a los peregrinos durante cientos de kilómetros, y el animal se convirtió en un fenómeno en internet. Cuando salió a la luz un vídeo en el que se veía a un joven musulmán dando patadas al perro en Kalmunai, este fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Las imágenes desataron además una agria polémica en las redes, con comentarios incendiarios dirigidos contra distintas comunidades religiosas. Según los familiares de Anojan, un comentario que él escribió en Facebook en aquel momento fue denunciado más tarde ante las autoridades saudíes y sirvió de base para la acusación en su contra.

Dudas sobre la gestión del recurso

En un comunicado difundido el viernes 18, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Empleo en el Extranjero y Turismo afirmó que seguía el caso a través de la embajada en Riad, en colaboración con la Embajada saudí en Colombo. El comunicado no hacía ninguna referencia a la condena a muerte.

Shanakiyan Rasamanickam, diputado por Batticaloa y líder del Grupo Parlamentario del ITAK, pidió una intervención al más alto nivel diplomático. Según él, se animó a la familia a presentar un recurso pese a que el asesoramiento jurídico obtenido por la embajada consideraba que sus posibilidades de prosperar eran extremadamente escasas. Los familiares ingresaron 1.890.766 rupias en concepto de honorarios legales en una cuenta vinculada al secretario del ministerio. Aunque el recurso se presentó el 24 de agosto, la carta del ministerio que lo transmitía a la familia está fechada el 16 de septiembre. El abogado Adlan Abdullah Al-Subaie figura como letrado en el recurso, pero la familia asegura que fue otro abogado quien representó a Anojan ante el tribunal, y que nunca recibió su nombre ni sus datos de contacto.

Rasamanickam tiene previsto plantear varias preguntas en el Parlamento: quién eligió a ese abogado, cómo se emplearon los honorarios y si hubo fallos en la gestión consular del caso.

«Al parecer, está en juego la vida de un ciudadano esrilanqués. Ahora deben agotarse todas las vías legales, diplomáticas, consulares y humanitarias disponibles».— Shanakiyan Rasamanickam

También el viernes 18, la familia de Anojan difundió un vídeo en el que pedía a las autoridades que intervinieran.

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