Yahaya Sharif-Aminu fue condenado a la horca por una canción que compartió en WhatsApp. Seis años y medio después, el Tribunal Supremo de Nigeria todavía no ha conseguido hacerle un hueco a su apelación en el calendario.
La fiscalía de Pakistán deberá demostrar que las pruebas digitales empleadas para condenar a Junaid Hafeez son admisibles y auténticas. El exprofesor universitario está en el corredor de la muerte por blasfemia desde 2019, y su recurso de apelación espera desde 2020.
En Faridpur, unos ladrones se llevaron un ídolo de Kali y su oro mientras las cámaras del templo estaban averiadas. En Calcuta, organizaciones indias de derechos humanos contabilizaron más de un centenar de miembros de minorías asesinados en Bangladés desde principios de 2025 y a cuatro de sus defensores encarcelados o acosados. Daca ha cambiado de gobierno. Sus hindúes siguen esperando el cambio.
Solo en septiembre, un áhmadi fue asesinado a tiros y otros dos resultaron heridos en la provincia pakistaní de Punyab, sin que se haya informado de ninguna detención. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional Federal del país encontró tiempo para confirmar la prohibición de los textos sagrados de esta comunidad. Cuestión de prioridades.
Sivarasa Anojan, trabajador migrante tamil originario de Sri Lanka, se enfrenta ahora a la pena de muerte después de que un tribunal de apelación saudí sustituyera la condena de cinco años de prisión que se le había impuesto por blasfemia a raíz de un comentario en Facebook. Un diputado esrilanqués cuestiona la gestión del recurso por parte del Gobierno.
Dos cristianos de Pakistán se enfrentan a cargos en virtud de las leyes antiblasfemia del país, entre ellas el artículo 295-C, castigado con la pena de muerte. A uno se le acusa de haber insultado verbalmente a Mahoma; al otro, de haber compartido un vídeo en internet.
En Banda Aceh, un hombre y una mujer condenados por adulterio recibieron 100 azotes cada uno ante una multitud en la que había niños. Es el último recordatorio de la provincia de que tomarse de la mano puede ser un delito castigado.
Un tribunal iraquí ha condenado a diez años de cárcel a un carnicero por hacer pasar carne de jabalí por ternera en Nayaf, una de las ciudades más sagradas del islam chií. Es más de lo que recibieron recientemente algunos exfuncionarios condenados por enriquecimiento ilícito. ¿Se le castigó por engañar a sus clientes o por el propio animal? El tribunal no lo aclara.
Samuel Arif, un cristiano de 26 años, se encuentra en prisión preventiva en Lahore acusado de blasfemia, después de que unos vecinos le propinaran una paliza y la policía lo detuviera. Su familia asegura que detrás de la acusación hay una disputa personal, y no ofensa alguna a la religión.
En marzo de 2024, el líder supremo Hibatullah Akhundzada se comprometió a azotar y lapidar a mujeres en público. Las organizaciones de derechos humanos contabilizan ya 2.745 personas sometidas a castigos corporales entre febrero de 2022 y abril de 2026, y la ONU afirma que 2025 batió todos los récords anteriores.
La Fiscalía de Arabia Saudí ha solicitado la ejecución del estudioso del hadiz Abdul Aziz al-Tarifi, encarcelado desde 2016 y recluido actualmente en régimen de aislamiento, según la organización de derechos humanos ALQST.
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