En Lahore, una turba juzga a Samuel Arif por blasfemia antes de que ningún tribunal tenga ocasión de hacerlo

El Código Penal de Pakistán contiene dos artículos que, utilizados conjuntamente, pueden convertir una queja vecinal en un caso castigado con la pena capital. Samuel Arif, un cristiano de 26 años de Lahore, acaba de toparse con ambos. Se encuentra en prisión preventiva por cargos de blasfemia, una categoría de delito en la que, por una larga costumbre local, el castigo suele llegar mucho antes que cualquier prueba.

Dos artículos, un solo FIR

El caso está registrado como Primer Informe de Información (FIR, por sus siglas en inglés) n.º 806/26. Se basa en:

• el artículo 295-C del Código Penal de Pakistán, que impone la pena de muerte obligatoria por comentarios despectivos contra el profeta Mahoma;
• el artículo 298-A, que abarca los comentarios contra personajes sagrados y compañeros del profeta.

El denunciante es Muhammad Umair Alam Khan, residente en la colonia. Su versión es la siguiente: Arif detuvo a las dos hijas menores de Khan dentro de la colonia y les dirigió un lenguaje religioso despectivo. Les dijo que el profeta se le había aparecido en un sueño y le había ordenado casarse con ellas. Después intentó untarles la cara con una sustancia no identificada.

Justicia exprés

La versión vecinal del debido proceso avanzó más rápido de lo que podría hacerlo cualquier tribunal. En cuanto se difundió la acusación, varios residentes acorralaron a Arif en un gimnasio situado en el recinto de la colonia y le dieron una brutal paliza. La policía dejó que la multitud celebrara la vista preliminar y, a continuación, puso al sospechoso bajo custodia.

Viejas calles, viejos amigos

El escenario era terreno conocido para Arif. Había pasado más de diez años de su vida en el bloque A de la Colonia del Personal de la Universidad del Punyab. Su familia tenía allí una vivienda gracias a su difunto padre, Arif Masih, trabajador de saneamiento empleado por la universidad. Tras la muerte de Masih, la familia se trasladó a la colonia de Saint Mary, en Gulberg. Arif seguía volviendo a su antiguo barrio para ver a sus amigos.

La tesis de la disputa

La familia de Arif rechaza todas las acusaciones. Afirman que es inocente y que la denuncia nació de una enemistad personal. Esa explicación no sorprenderá a nadie que siga este tipo de casos. Los defensores de los derechos humanos llevan tiempo observando que, en Pakistán, una acusación de blasfemia es una forma excepcionalmente eficaz de ganar una disputa privada, porque pone al acusado y a sus familiares en peligro físico inmediato.

Al menos, Arif cuenta con abogados. HARDS Pakistan (Human Assistance & Development Services), una organización no gubernamental, presta apoyo jurídico a la familia. Los letrados Kashif Alexander Rajput y Nadia Hameed han sido designados para defenderlo ante el tribunal.

Human Rights Focus Pakistan (HRFP) y otros grupos de defensa han pedido a las autoridades provinciales algo que debería ser rutinario: una investigación justa, transparente e imparcial. Su lista de reivindicaciones parece el primer capítulo de un manual de Derecho:

• el debido proceso;
• protección jurídica para el acusado, los testigos y los familiares;
• rendición de cuentas para quien se tome la justicia por su mano.

Activistas locales de derechos humanos y la comunidad cristiana se declaran alarmados una vez más. Ven en el caso una nueva prueba de que la legislación sobre la blasfemia sigue sirviendo también como herramienta para ajustar cuentas personales. Arif permanece bajo custodia judicial. Sus correligionarios cristianos rezan por su familia y por que se haga justicia. También esperan una investigación exhaustiva e imparcial que esclarezca la verdad, un desenlace que sigue siendo casi una pieza de coleccionista en casos de este tipo.