Diez años entre rejas, ¿y ahora la horca? La Fiscalía saudí pediría la muerte del clérigo al-Tarifi

Hay gente a la que, sencillamente, es difícil contentar. Tras mantener encerrado a Abdul Aziz al-Tarifi durante más de una década, la Fiscalía saudí habría decidido que el siguiente paso lógico es matarlo. La denuncia procede de ALQST, una organización saudí de derechos humanos, que asegura que la acusación ha solicitado la pena de muerte para el destacado predicador y estudioso del hadiz.

ALQST dio la voz de alarma el miércoles. Según la organización, el clérigo, de 50 años, sigue en la prisión de al-Ha’ir, en Riad, donde permanece en régimen de aislamiento. Una situación que le brinda abundante tiempo de silencio para la reflexión, aunque poco más.

La organización reconoció que su información presenta lagunas. Afirmó que carece de detalles suficientes sobre las últimas vistas judiciales y que no puede confirmar si la Fiscalía sigue pidiendo su ejecución.

Como era de esperar, Riad no ha ofrecido aclaración alguna. Las autoridades saudíes no han confirmado ni desmentido la información de ALQST sobre la petición de la Fiscalía, fieles a una larga y orgullosa tradición de decir lo menos posible.

Los peligros de publicar

Los problemas de al-Tarifi comenzaron en abril de 2016, cuando fue detenido. ALQST vincula su arresto a unas publicaciones en redes sociales en las que criticaba a Al-Arabiya, la cadena de televisión de propiedad saudí, así como determinadas políticas del Gobierno. Su detención resultó ser solo el preludio. Poco después llegó una ofensiva más amplia, en la que cayeron numerosas figuras religiosas del reino.

ALQST enmarcó el caso en una preocupación más general por el uso de la pena de muerte en Arabia Saudí y por el enjuiciamiento de clérigos y críticos del Gobierno.

Una película ya vista

Como referencia, la organización citó a Turki al-Jasser, un periodista saudí cuya ejecución anunciaron las autoridades después de que pasara años detenido. Según las autoridades, había sido condenado por delitos como traición, espionaje y financiación del terrorismo. Las organizaciones de derechos humanos lo vieron de otro modo: condenaron el secretismo que rodeó el caso y relacionaron su procesamiento con su labor periodística y su actividad en internet.

ALQST destacó también a dos destacadas figuras religiosas cuyos casos siguen abiertos: Salman al-Awda y Hassan Farhan al-Maliki. Según la organización, la Fiscalía ha pedido la pena de muerte para ambos.

Y la lista no termina ahí. De acuerdo con ALQST, la Fiscalía ya había solicitado anteriormente la ejecución de los predicadores Awad al-Qarni y Ali al-Omari.